El espejismo del 30 %: seis años después, Barcelona apenas suma 26 pisos sociales

En 2018, el Ayuntamiento de Barcelona presentó una medida pionera: obligar a que el 30 % de cada nueva promoción de obra nueva o gran rehabilitación se destinara a vivienda asequible. El objetivo era ambicioso: generar más de 300 pisos sociales cada año en una ciudad marcada por la presión inmobiliaria y la falta de oferta.

Seis años después, los números son claros: solo se han entregado 26 viviendas y existen 80 más con licencia en curso. Un balance muy por debajo de las expectativas, que ha terminado confirmando lo que muchos expertos anticipaban: la norma, lejos de dinamizar la vivienda social, ha provocado un freno en la construcción privada dentro de Barcelona y un desplazamiento de proyectos hacia municipios colindantes.

¿Por qué no ha funcionado?

Los motivos son múltiples:

• Falta de viabilidad económica: el 30 % impuesto ha reducido la rentabilidad de las promociones, empujando a muchos promotores a desistir o mover sus proyectos fuera de la ciudad.

• Exceso de burocracia: la gestión administrativa se ha vuelto más lenta y menos previsible, dificultando la planificación y ejecución de nuevos proyectos.

• Impacto limitado en la oferta: con apenas unas decenas de pisos creados, la medida no ha llegado ni a ser testimonial frente a la magnitud del problema habitacional.

El aprendizaje

La experiencia demuestra que las soluciones urbanísticas necesitan equilibrio: incentivar la inversión privada a la vez que se garantiza una oferta de vivienda accesible. Las políticas rígidas, sin un marco que acompañe en financiación, suelo disponible y seguridad jurídica, acaban reduciendo la actividad en lugar de estimularla.

Nuestra visión

La clave está en crear modelos colaborativos entre administración y sector privado, capaces de generar impacto real y sostenible en la ciudad. Barcelona necesita una estrategia integral de vivienda que no solo apueste por la regulación, sino también por la gestión inteligente de suelo, la innovación en modelos constructivos y el refuerzo de la colaboración público-privada.